Acordaron desarrollar una campaña intensa y permanente de capacitación a las familias para crear conciencia de las nefastas consecuencias de trabajo infantil, en el sano desarrollo físico y mental de los niños y adolescentes dominicanos.

El programa ofrecerá apoyo al mejoramiento del ingreso y a la inversión en el capital humano de las familias en pobreza extrema, mediante la entrega de transferencias condicionadas.

Se explicó que actualmente el Programa Solidaridad cuenta con alrededor de 225,000 familias que tienen hijos e hijas menores, las cuales reciben ayuda y orientación.

Las autoridades informaron que actualmente hay inscritos en el Programa Solidaridad unos 409,733 hogares, de los cuales 240,114 tienen miembros con edades entre 6 y 16 años.

En la actividad, además estuvieron presentes el secretario de Trabajo, Ramón Fadul, Kirsis Fernández, directora de Conani, Fernando Reyes Castro, director general del Programa Solidaridad, Miriam Rodríguez de Simó, directora del SIUBEN y representantes de organismos internacionales.

De inmediato, Omega fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para luego trasladarlo a la cárcel de Najayo.

La fiscal adjunta Wendy González Carpio, de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Genero, solicitó la imposición de prisión preventiva, alegando que el artista ya era reincidente en ejercer maltrato físico en contra de su ex esposa.

También argumentó que Omega se encuentra bajo medida de coerción por otro hecho donde también se le acusa de agredir a una empleada de una cabaña, a la cual no le ha dado cumplimiento cabalmente.

Presentó fotografías de la víctima que muestran los golpes recibidos, certificado del médico legista y una evaluación psicológica del artista y de la víctima.

Los abogados de la víctima, Luis López Rivas y Ramón Javier, calificaron la decisión como justa y adecuada, conforme a los hechos que se presentaron en el tribunal en contra del intérprete de merengue de calle.

De su lado, los abogados de Omega, Vladimir Ramírez, José Casado y Carmen Chevalier anunciaron que solicitarán al tribunal una revisión de la medida de coerción, por entender que el juez adoptó una actitud exagerada.

“Vamos a solicitar una medida de revisión del caso, desde luego porque no estamos conforme con la medida que acaba de adoptar el juez de la instrucción, no con el juez, sino con su medida. No estamos conforme, creemos que es exagerada”, apuntó José Casado.

En la audiencia, Omega, con ojos llorosos mostró arrepentimiento por lo sucedido y pidió al tribunal darle una nueva oportunidad.

La Fiscalía, solicitó orden de arresto en contra del cantante Omega, luego de que a la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Genero, en donde se encuentra en estos momentos detenido el artista, se presentara Raysa Moya y denunciara la agresión de que fue víctima el pasado 16 de mayo a las 5:00 de la madrugada en la Cabaña Kiss del kilómetro 12 de la Carretera Sánchez.

Omega fue apresado en la tarde de ayer, luego de que fuera presentado por sus abogados por ante la Oficina de Atención Permanente, después de haber sido declarado en rebeldía, ya que no se presentó a una audiencia para revisar la medida de coerción en su contra por una denuncia de maltrato interpuesta por una empleada de una cabaña.

Más allá de una Ley Electoral que dispone que los partidos deben entregar informes financieros en los que dan cuenta en qué gastan el dinero del erario, la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública manda no sólo a ser más explícitos en torno a la financiación de su campaña, sino también a hacerlo públicamente a través de la prensa y de sus páginas web.

La obligación de rendir información a quien la solicite, según el artículo 4, párrafo único, se extiende a “todo organismo legalmente constituido o en formación, en cuyo caso la información incluirá la identidad de los contribuyentes, origen y destino de los fondos de operación y manejo”.

Según el artículo 45 de la Ley Electoral, los partidos deben enviar a la Junta Central Electoral, a más tardar tres meses después de las elecciones ordinarias, un informe pormenorizado de ingresos y egresos en el que se establezca que estos fondos han sido invertidos en actos lícitos de organización, proselitismo y propaganda.

Los partidos sí envían estos reportes a la Junta, según consta en los informes que Lecturas de Domingo obtuvo gracias a la Ley de Acceso a la Información.

Sin embargo, como bien señala el auditor, contador público y ex decano de la Facultad de Economía de la UASD, Rubén Torres, pionero en solicitar y analizar los recursos que entrega el Estado a los partidos políticos, nadie los audita.

“Ni la Cámara de Cuentas ni la JCE registran archivos con esas auditorías”, dijo el también miembro de la Comisión de Trasparencia de Participación Ciudadana a LISTIN DIARIO.

El año pasado, Torres solicitó los informes a la JCE y pidió a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República las respectivas auditorías.

La Cámara de Cuentas le informó que no habían realizado tales autorías y la Contraloría aún no responde su solicitud. Esto muestra que la transparencia, en el panorama dominicano, no es asumida como un deber de todos los organismos e instituciones que participan del proceso electoral.

Los partidos han recibido fondos de la JCE equivalentes a RD$2,719 millones desde 1997 hasta el año 2007.

En marzo, la Tesorería Nacional entregó al organismo RD$1,060 millones correspondientes al año 2008 -casi un 39% de lo que gastaron en 10 años- pero éstos no serán entregados hasta tanto la JCE no elabore el reglamento que establezca los montos que serán distribuidos a cada partido.

Si partimos de los informes entregados a la JCE hasta el 2007, las propagandas y los mítines se llevan las mayores partidas de dinero.

En las últimas elecciones presidenciales, correspondientes al año 2004, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recibió RD$83, 126,333, de los que reportó, entre otras cosas, un gasto de RD$74,483,006.54 en mítines, caravanas y recorridos; RD$1,041,401.22 en almuerzos, cenas y refrigerios y RD$8,335,248.78 en celulares y teléfonos. Este año, el PLD anunció la compra de 20 mil celulares por RD$35 millones.

El Partido Reformista Social Cristiano, que ese año recibió RD$81,984,350 de la JCE, reportó 528,690 en propagada política, de los cuales 106,550 fueron gastados tan sólo en la confección de gorras y camisetas.

La mayor partida del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), RD$34,882,800.00, fue gastada en marchas y mítines, mientras que RD$30,603,017.76 pesos se fueron en vallas y letreros, de RD$139,655,030 que recibió de la Junta.

¿Le parece demasiado? Algunos informes reportan déficits y préstamos bancarios, indicativo de que lo que reciben no les alcanza.

La falta de explicaciones detalladas sobre los ingresos y egresos de los partidos a la Junta puede justificarse en que ley electoral sólo especifica que deben ser gastados en actos lícitos.

Así, un gasto registrado como “actividad proselitista” no puede ser regulado aunque gran parte del dinero se haya gastado en ron, porras o camisetas.

De hecho, las personas que se lanzan a las calles a tomar “lo que le den” (pollo, salami, papeletas…), no se dan cuenta de que en realidad les están tratando de atraer con parte del dinero que ya aportó al Estado a través del pago de impuestos.

El mismo presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, Roberto Rosario, admitió a los medios de comunicación que los partidos deben justificar la inversión que el tribunal electoral realiza en ellos, por lo que propone la elaboración de una Ley de Partidos para después de las elecciones de este 16 de mayo.

Hasta el momento, ningún partido ha publicado sus cuentas en la web o en órganos informativos.

Los partidos se deben al pueblo
La regulación del dinero que otorga la JCE a los partidos está contemplada en los artículos 48 al 55 de la Ley Electoral.

Este dinero está consignado en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos de la siguiente manera: un medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales.

La mayor parte de ese medio por ciento se la llevan los partidos que obtuvieron más del 5% de los votos válidos emitidos en los últimos comicios.

Gastos en propaganda y rendición
En publicidad política, los partidos políticos y el Estado han gastado RD$267,635,085 millones entre el 18 de febrero y el 23 de marzo sólo en publicidad. De este monto, el 42.79% corresponde a entidades estatales, a diferencia de un 24.8% en 2004, según el segundo informe de observación electoral de Participación Ciudadana.

La campaña está en todas partes. En las tres principales carreteras del país, PC contó 5,147 vallas, un 60.95% del partido de gobierno. Esto sin contar las que corresponden a entidades estatales.

Más allá del informe
Según un informe presentado por la consejera electoral Jacqueline Peschard para el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) de México, para que la rendición de cuentas pueda efectivamente constituir una forma de control sobre el ejercicio del poder, “es indispensable que quienes lo ejerzan den visibilidad, difundan y transparenten cómo se toman las decisiones, con qué motivaciones y qué objetivos se pretenden lograr”.

Para Peschard, sin embargo, la rendición de cuentas no termina con la presentación de los informes, sino que apenas comienza.

“Es necesario que ocurra la contraparte, esto es, que se evalúe el desempeño de dichos funcionarios para certificar que lo que informaron en cuanto a contenidos, alcances y resultados, efectivamente se realizó”, asegura.

Según el artículo 45 de la Ley Electoral dominicana, la Junta Central Electoral es la que está llamada a disponer del examen de los documentos relativos a los ingresos y gastos, por intermedio de auditores designados por ella, así como disponer que sea el Estado el que asuma los costos de estos exámenes.